La Sociedad de Urbanistas del Perú, habiéndose informado de los acontecimientos que rodearon la propuesta de desarrollo comercial en el sector oeste de la Unidad Residencial San Felipe (por las cuadras 6 y 7 de la Av. Gregorio Escobedo) y habiendo debatido las ventajas y desventajas de dicha propuesta desde perspectivas, económicas, comunitarias, legales y urbanas, ha llegado a la siguiente conclusión con respecto a este y otros tipos de proyectos de inversión que se propongan o efectúen en la Ciudad de Lima y en otras ciudades del país.

Primero, la SURP no tiene posición contraria a la inversión privada que ofrezca mayores y mejores servicios a la población urbana. La SURP cree que es necesaria la inversión privada como generadora de riqueza, empleos y mayor oferta de productos y servicios a los consumidores.

Segundo, la SURP respeta el derecho de los residentes de un barrio, distrito u otra unidad comunitaria, de vivir en tranquilidad y dentro de los parámetros que los miembros de esa comunidad establezcan.

Tercero, la SURP cree en la diferencia entre la responsabilidad social y la mitigación social desde el punto de vista de quien va a impactar un entorno social con algún proyecto de inversión. La responsabilidad social implica que la entidad desarrolladora debe aportar al crecimiento y buen funcionamiento de los sistemas sociales, económicos y ambientales en los que está incidiendo para que los cambios afecten de manera positiva en las vidas de las poblaciones impactadas. La mitigación social es un concepto más específico que intenta minimizar los impactos negativos de un desarrollo que irrumpe en la vida de una población identificada.

Cuarto, la SURP avizora que el crecimiento inminente y constante de la Ciudad de Lima en los siguientes quince años va a producir más casos similares de conflicto entre inversionista y población como aquel que sucedió en el Conjunto Residencial San Felipe en el año 2008.

Quinto, la SURP critica el hecho de que en el Perú no existe una Política Nacional de Urbanismo, que establezca las normas de inversión para el diálogo social entre el inversionista y la población, que permita involucrar responsablemente la inversión pública con la inversión privada e incorpore como exigencia para la factibilidad de los proyectos los estudios de responsabilidad social, superando el error de solo requerir la mitigación de impactos directos en la vida de la población afectada, en busca de beneficios de más largo aliento.

Sexto, la SURP enfatiza el rol importante que deben tomar los gobiernos locales en estos procesos de desarrollo buscando activamente la inversión en sus jurisdicciones en vez de esperar a reaccionar ante las propuestas de proyectos que se presenten. Los gobiernos locales deben tener planes de desarrollo validados por profesionales especialistas y concertados con las comunidades involucradas en donde se identifiquen los espacios disponibles para el desarrollo de proyectos que cubran las necesidades de la población y produzcan oportunidades para las generaciones venideras.

En resumen, la SURP reconoce que las inversiones son necesarias, y que no es cuestión de que cesen del todo en áreas residenciales de la ciudad, sino que los inversionistas deben presentar planes de responsabilidad social y no solo de mitigación social, debiendo entablar diálogos con la población en los que identifiquen las necesidades, en coordinación con las autoridades respectivas para contribuir a ofrecer soluciones conjuntas. El diálogo se debe iniciar previo al diseño de la propuesta para identificar los beneficios que aportará el proyecto de inversión privada y debe continuar durante el proceso de elaboración y ejecución del mismo. Estos conceptos son simples y deben ocupar un espacio en las normas nacionales para que los futuros proyectos a desarrollar en áreas urbanas se rijan por parámetros responsables en cuanto a la inserción social y ambiental de las inversiones.