La Sociedad de Urbanistas
del Perú, habiéndose informado de los
acontecimientos que rodearon la propuesta de
desarrollo comercial en el sector oeste de
la Unidad Residencial San Felipe (por las
cuadras 6 y 7 de la Av. Gregorio Escobedo) y
habiendo debatido las ventajas y desventajas
de dicha propuesta desde perspectivas,
económicas, comunitarias, legales y urbanas,
ha llegado a la siguiente conclusión con
respecto a este y otros tipos de proyectos
de inversión que se propongan o efectúen en
la Ciudad de Lima y en otras ciudades del
país.
Primero, la SURP no tiene posición contraria
a la inversión privada que ofrezca mayores y
mejores servicios a la población urbana. La
SURP cree que es necesaria la inversión
privada como generadora de riqueza, empleos
y mayor oferta de productos y servicios a
los consumidores.
Segundo, la SURP respeta el derecho de los
residentes de un barrio, distrito u otra
unidad comunitaria, de vivir en tranquilidad
y dentro de los parámetros que los miembros
de esa comunidad establezcan.
Tercero, la SURP cree en la diferencia entre
la responsabilidad social y la mitigación
social desde el punto de vista de quien va a
impactar un entorno social con algún
proyecto de inversión. La responsabilidad
social implica que la entidad desarrolladora
debe aportar al crecimiento y buen
funcionamiento de los sistemas sociales,
económicos y ambientales en los que está
incidiendo para que los cambios afecten de
manera positiva en las vidas de las
poblaciones impactadas. La mitigación social
es un concepto más específico que intenta
minimizar los impactos negativos de un
desarrollo que irrumpe en la vida de una
población identificada.
Cuarto, la SURP avizora que el crecimiento
inminente y constante de la Ciudad de Lima
en los siguientes quince años va a producir
más casos similares de conflicto entre
inversionista y población como aquel que
sucedió en el Conjunto Residencial San
Felipe en el año 2008.
Quinto, la SURP critica el hecho de que en
el Perú no existe una Política Nacional de
Urbanismo, que establezca las normas de
inversión para el diálogo social entre el
inversionista y la población, que permita
involucrar responsablemente la inversión
pública con la inversión privada e incorpore
como exigencia para la factibilidad de los
proyectos los estudios de responsabilidad
social, superando el error de solo requerir
la mitigación de impactos directos en la
vida de la población afectada, en busca de
beneficios de más largo aliento.
Sexto, la SURP enfatiza el rol importante
que deben tomar los gobiernos locales en
estos procesos de desarrollo buscando
activamente la inversión en sus
jurisdicciones en vez de esperar a
reaccionar ante las propuestas de proyectos
que se presenten. Los gobiernos locales
deben tener planes de desarrollo validados
por profesionales especialistas y
concertados con las comunidades involucradas
en donde se identifiquen los espacios
disponibles para el desarrollo de proyectos
que cubran las necesidades de la población y
produzcan oportunidades para las
generaciones venideras.
En resumen, la SURP reconoce que las
inversiones son necesarias, y que no es
cuestión de que cesen del todo en áreas
residenciales de la ciudad, sino que los
inversionistas deben presentar planes de
responsabilidad social y no solo de
mitigación social, debiendo entablar
diálogos con la población en los que
identifiquen las necesidades, en
coordinación con las autoridades respectivas
para contribuir a ofrecer soluciones
conjuntas. El diálogo se debe iniciar previo
al diseño de la propuesta para identificar
los beneficios que aportará el proyecto de
inversión privada y debe continuar durante
el proceso de elaboración y ejecución del
mismo. Estos conceptos son simples y deben
ocupar un espacio en las normas nacionales
para que los futuros proyectos a desarrollar
en áreas urbanas se rijan por parámetros
responsables en cuanto a la inserción social
y ambiental de las inversiones.
Lima, 02 de Abril de 2008